El fiscal federal Ramiro González dio impulso a la denuncia de Caamaño por la supuesta venta irregular y a precio irrisorio de armas a ex funcionarios y agentes en actividad durante el gobierno de Macri.

El fiscal federal Ramiro González imputó ayer a los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por la presunta venta irregular y a precio irrisorio de armamento a ex funcionarios y agentes en actividad.

De esta forma, el fiscal dio impulso a la denuncia de la interventora del organismo, Cristina Caamaño, quien acusó por supuesto abuso de autoridad, violación de deberes y defraudación por administración fraudulenta al ex presidente Mauricio Macri, a Arribas y Majdalani.

Además, González imputó también al ex titular de la Dirección de Seguridad de la AFI, cuyo nombre se mantiene en reserva en virtud de la ley de inteligencia, y solicitó al juez federal Daniel Rafecas que disponga una serie de medidas de prueba para iniciar la investigación.

En este contexto, el fiscal solicitó que se realice una tasación del armamento en cuestión como así también que se le consulte a la Agencia Nacional de Materiales Controlados si los organismos estatales están facultados a comercializar sus armas entre sus funcionarios y agentes.

Cabe recordar que en su denuncia, Caamaño acusó a Macri «en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional (art 12, Ley N 25520) como máxima autoridad nacional del Sistema de Inteligencia».

En tanto, advirtió sobre dos resoluciones dictadas por Arribas, supuestamente «carentes absolutamente de sustento jurídico y fáctico», las cuales habrían posibilitados la venta a precio «irrisorio» a funcionarios y agentes en actividad de 290 armas «aptas para el disparo y utilización».

Según la denuncia, los 73 compradores pagaron precios que no alcanzarían «el 20 por ciento del valor real de un arma usada en el mercado formal» y agregó que se trata de «armas de colección que no se consiguen en el mercado» como revólveres Ruger y Colt Trooper.

«La puesta en venta del armamento de fuego no se encuentra dentro de las competencias, y menos aún, dentro de las facultades de la Dirección General, independientemente de que se encuentre en desuso», sostiene la denuncia.

Por otra parte, la AFI denunció que «permitir la compra de armamento de fuego apto para su uso a todos los agentes del organismo, sin el debido control de la autoridad estatal correspondiente en la materia, constituye per se una manifiesta violación a los deberes de funcionario público y un abuso de autoridad».

Caamaño acusa que, mediante las resoluciones cuestionadas, cada funcionario o agente podía comprar hasta cinco armas a «un precio totalmente irrisorio y alejado de la realidad» y «prácticamente sin requisitos respecto a las condiciones exigidas para su acceso».

El informe precisa que el área de Seguridad de la AFI cotizó las armas en su valor en dólares y los agentes las pagaron en pesos entre 3.900 y 7.900 pesos por unidad, un valor que no alcanzó ni el 20 por ciento de su cotización en el mercado para las pistolas FM Browning 9 milímetros, escopeta Beretta y pistolas Smith Wesson, pistolas Beretta, Glock y revólveres Colt Detective, Ruger y Colt Trooper.

Este lote fue parte de una primera operación en tanto que en 2018 hubo una segunda venta de otras 38 armas «bajo la misma modalidad».

Al respecto, la demanda alerta que «la tasación de las armas no respetó el procedimiento establecido en el artículo 24 del Reglamento de Bienes Muebles y Semovientes del Estado».