El Ministerio de Seguridad acusó el exjefe de Gabinete de Bullrich por los delitos de «perturbaciones al ejercicio de la función pública, usurpación de autoridad, abuso de autoridad y violación de deberes».

El Ministerio de Seguridad de la Nación denunció ayer a Pablo Nocetti, ex jefe de Gabinete de Patricia Bullrichn por su responsabilidad penal en el operativo realizado por la Gendarmería Nacional que derivó en la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, el joven artesano que fue visto con vida por última vez el 1 de agosto del 2017 durante la represión de una comunidad mapuche en  la ruta nacional 40, en la provincia de Chubut.

La denuncia quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Carlos Rivolo, quien ahora deberá decidir si impulsa la investigación.

La ministra Sabina Frederic informó que, tras una investigación iniciada el 22 enero, se realizó la presentación ante los tribunales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se investigue, además de Nocetti, al ex Director de Gendarmería Nacional Argentina, y al Comandante General Ernesto Oscar Robino, ex Subdirector Nacional de la Gendarmería Nacional, en calidad de autores, coautores o partícipes por la presunta comisión de delitos de «perturbaciones al ejercicio de la función pública, usurpación de autoridad, abuso de autoridad y violación de deberes».

“Es solo aprendiendo críticamente de las inconductas del pasado que éstas pueden evitarse”, destacó la funcionaria, quien explicó que esta revisión interna de las actuaciones, que nada tiene que ver con las acciones que lleve a cabo el Poder Judicial, tiene “finalidades formativas y doctrinarias que destaquen protocolos y procedimientos pertinentes y subrayen errores, negligencias e imprudencias que deben evitarse, no sólo en defensa de la vida y la propiedad de los habitantes, sino también en defensa del bienestar, la integridad y la carrera de los miembros de las Fuerzas de Seguridad, poniéndolos a salvo de conductas que los puedan comprometer disciplinaria y legalmente”.

En el acto en el que Frederic presentó el informe mediante videoconferencia, además del gabinete del Ministerio, participaron el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti y el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous.

En la denuncia se advirtió que durante el operativo represivo «personal de Gendarmería Nacional, obedeciendo las estrictas instrucciones y directivas que habían sido impartidas por Pablo Nocetti y la superioridad institucional de la Fuerza, se apersonaron en la carretera para proceder a su despeje».

«Deviene ineludible mencionar que su accionar previo y durante la ejecución de los operativos acaecidos el 1 de agosto del 2017, el cual culminó con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, podría configurar una violación a los deberes de funcionario público», sostiene el texto a la vez que considera que hubo una «indebida injerencia en el cumplimiento de una orden judicial, en tanto su carácter de autoridad política administrativa» impedía «involucrarse y dar directivas a la Fuerza cuando ésta actúa como órgano auxiliar de la Justicia, estorbando y desvirtuando la orden del magistrado».

«Resulta evidente que el mencionado funcionario no debía impartir orden alguna hacia el personal de la Fuerza», agrega la denuncia.

El operativo en cuestión habría obedecido «a una decisión motivada por la voluntad política habiéndole otorgado las máximas autoridades del Ministerio de aquél entonces, a la Gendarmería Nacional un aval político y jurídico para actuar».

Esta conducta habría excedido «el imperium de la autoridad política invadiendo el accionar de la Justicia, interviniendo y direccionando la actuación de la Gendarmería cuando ésta debía desempenarse como órgano auxiliar de la justicia».

Asimismo, la presentación remarca que esta «voluntad política» fue «plasmada y dada a conocer sin disimulos, en el afán de justificar la actuación de las fuerzas de seguridad en delitos de flagrancia» que contrariaban «los documentos vigentes a la fecha de los sucesos para manifestaciones públicas».

Según las actuaciones, hubo orden judicial de «intimar» a los manifestantes para que cesaran de «impedir, obstruir u obstaculizar la circulación del tránsito vehicular» y debía hacérseles saber que «siempre y cuando no incurran en actos de violencia, podrían manifestarse fuera de la calzada bajo la supervisión a prudente distancia de las fuerzas de seguridad».

En este sentido, el Ministerio de Seguridad afirmó que el procedimiento fue «improcedente e ilegal», lo cual se agravó por «la desatención de las advertencias de los jefes de escuadrones de la región, quienes le indicaban que para el despeje debía emplearse la unidad móvil especializada para esos operativos y no a personal no entrenado».

«Eso no fue gratuito, se cobró víctimas, la vida de Santiago Maldonado entre ellas«, concluyó la denuncia.

Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 cuando huía de los gendarmes y apareció muerto en el río Chubut el 17 de octubre. Según la causa judicial, el joven murió ahogado el mismo día que desapareció.