La ministra de Mujeres, Género y Diversidad expuso en un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, donde destacó la promoción de la paridad en el equilibrio de los géneros.

La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, expuso ayer ante un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, donde defendió el proyecto de reforma judicial que presentó el Poder Ejecutivo.

La funcionaria aseguró que «los procesos de selección de las autoridades están fuertemente sesgados en cuestión de género, no permiten el igual acceso a los cargos y esto se ve reflejado en las sentencias que desconocen derechos fundamentales de las mujeres y de las diversidades».

«Cualquier mecanismo que promueva la participación, como cuotas o la paridad en el equilibrio de los géneros, son acciones muy positivas», afirmó Gómez Alcorta a la vez que remarcó que el artículo 16 de la norma «que establece que el Consejo de la Magistratura procederá a elegir las listas teniendo en cuenta y respetando la diversidad de géneros».

En este sentido, Gómez Alcorta explicó que «la permanencia de las agencias judiciales tan cómo se encuentran concebidas en la actualidad nos aseguran una vida en democracia de una baja intensidad para quienes deseamos que nos permitan ampliar derechos».

«Las transformaciones que requieren las administraciones de justicia en materia de género son muy importantes y los debemos trabajar en términos colectivos», finalizó la ministra.

Del plenario presidido por la senadora por Santa Fe María de los Ángeles Sacnun (FdT), participaron también la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, quien consideró que «la reforma al sistema federal de justicia debe hacerse,  es muy importante, necesaria y urgente. Hay que introducir profundas modificaciones en el funcionamiento de la Justicia».

Al respecto sostuvo que «el proyecto de ley tiene algunos problemas» y  que «hay una desproporción que el sistema no va a tolerar. Por ejemplo en Chubut hay un 53% de fiscales, un 31% de defensores y solo un 16% de jueces; toda vez que los jueces son jueces de garantías, no de instrucción, y por ende tienen menos trabajo».

Sin embargo, manifestó como «positivo que le veo al proyecto es que con los concursos se tiende a la paridad de género» y explicó que «el fuero federal es uno de los que peor está desde la perspectiva de género. Había una sola jueza mujer y ahora hay dos sobre un total de diez. Estos porcentajes bajísimos se mantienen en todo el fuero».

«En un sistema futuro, y mejor, tiene que haber una mayor cantidad de defensores porque si no la audiencias no se pueden hacer», agregó.

A continuación,  el fiscal en lo Criminal y Correccional Federal de la ciudad de Buenos aires, Carlos Rívolo, quien además es el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal consideró que «este proyecto pone en riesgo la verdadera reforma del sistema judicial que los fiscales impulsamos, la instauración definitiva del sistema acusatorio, porque la esencia de este sistema es la división de roles entre jueces y fiscales».

Asimismo sostuvo que  «no se desprende un análisis cualitativo y cuantitativo que permita determinar si la cantidad de fiscalías asignadas son correctas conforme a la densidad demográfica o el flujo de casos».

Luego  la directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, explicó que «entendemos que esta reforma comienza ya con la intervención de la AFI. En este siguiente paso lo que se necesita fundamentalmente es trabajar sobre una modificación de una lógica de funcionamiento del fuero federal».

Consideró necesario «trabajar sobre una modificación de la lógica del funcionamiento del fuero penal del país y nos parece que este proyecto se queda en una lógica de creación de juzgados y fiscalías que implica una mirada contraria a la base del sistema acusatorio».

A su turno, el exconsejero de la Magistratura, Alejandro Fargosi, y miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires manifestó que «si el fundamento de la reforma es el letargo y la politización de la justicia federal, lo que hay que hacer no es nombrar más jueces, sino juzgar y remover a los responsables según lo que dicta la ley».

Tras considerar que el problema actual «no es la cantidad de jueces sino la calidad» aseguró que «la solución pasa por remover a los jueces malos, no por nombrar más jueces».  Asimismo Fargosi sostuvo que «el Consejo de la Magistratura es el que paga los gastos del Poder Judicial y lo tenemos sub dotado de medios para trabajar y con un déficit monumental».

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, señaló que «la unificación de los fueros criminal y correccional en lo penal y económico con asiento en CABA y la creación de fiscalías y defensorías es positivo porque es una alternativa constitucional racional a una demanda de la sociedad».

Luego fue el turno del abogado Jorge Rizzo, de Espacio Gente de Derecho quien señaló que «venimos a hablar desde el abogado que transita todos los días por tribunales».

«Creemos que la reforma tiene que tender a la recuperación de la credibilidad de la Justicia y dirigirse a su real independencia y el mejoramiento de los procedimientos para lograrse una brevedad en los procesos y su abaratamiento», manifestó.

Por su parte, la fiscal de los Tribunales Federales de Comodoro Py, Gabriela Baigún consideró que «es necesaria una reforma» dado que «esta justicia federal va en contra a todo el sistema acusatorio que viene rigiendo en la Argentina, tiene fiscales que son espejo de una Justicia que se comporta de manera feudal, que no es transparente».

El presidente del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Fernando Díaz Cantón destacó que «el propósito de este proyecto va en contra de lo que se quiere sancionar». «Estamos llenando la justicia de no jueces porque  los jueces que están nombrando son jueces investigadores. Tampoco los quiero llamar inquisidores, pero un juez investigador no es un juez. Un verdadero juez es el juez de garantías», explicó.

La fiscal Mónica Cuñarro cerró la ronda de exposiciones destacando que «la propuesta es imprescindible porque es el único poder que no ha sido reformado y creo que esto debe acercar a las distintas fuerzas políticas en una tarea que hace a la democracia».

Señaló que «para reformar la Justicia en el campo penal hay que robustecer el Ministerio Público Fiscal y no al juez. Hay que dotarlo de las capacidades investigativas para esa criminalidad».